La Interprofesional advierte que una prohibición del plomo comprometería la cadena de valor de la carne de caza, así como la gestión sanitaria del medio rural.

Así, se respalda las peticiones de la Real Federación de la Caza (RFEC) ante el próximo debate en el Parlamento Europeo y se reclama al Gobierno de España que defienda la posición con criterios científicos y llevando a cabo una transición viable.

La Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre (ASICCAZA) pide al Gobierno de España oponerse a la prohibición de la munición de plomo en el marco del Reglamento REACH, de la Unión Europea. La Interprofesional advierte de que imponer restricciones sin alternativas técnicas y económicamente viables causaría un impacto devastador en toda la cadena de valor de la carne de caza y en la sostenibilidad de las zonas rurales.

La preocupación de ASICCAZA se apoya también en el peso económico, social y territorial que tiene la actividad cinegética y, dentro de ella, la cadena de valor de la carne de caza en España. “Estamos plenamente comprometidos con la mejora continua y la sostenibilidad, pero regular no puede significar desmantelar una cadena de valor esencial para el medio rural ni sembrar dudas injustificadas sobre un alimento que es completamente seguro y de enorme valor para nuestro país”, declara José María Gallardo, presidente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre.

Según el estudio de la Fundación Artemisan sobre el impacto socioeconómico de la caza en España, la actividad cinegética genera 10.190 millones de euros de PIB, mantiene 199.000 puestos de trabajo —de los que 45.642 son empleos directos y el 80 % se localizan en el medio rural— y aporta 1.200 millones de euros en retornos fiscales. En lo que respecta específicamente al sector de la carne de caza, el informe recoge que las empresas de carne de caza presentaron en 2023 un gasto total de 111 millones de euros, incluyendo personal, adquisición de canales, inversiones en infraestructuras y otros gastos corrientes. En este contexto, una prohibición del plomo sin alternativas técnicas y económicamente viables no solo afectaría a la práctica cinegética, sino también al abastecimiento de carne de caza, a la actividad de las industrias y comercializadores del sector y al equilibrio económico de muchas zonas rurales que dependen de este aprovechamiento.

Esta semana, el Parlamento Europeo y los Estados Miembros comenzarán las reuniones para tratar el asunto de la prohibición del plomo en la caza. Es por ello, que ASICCAZA comparte la preocupación del sector comercial e industrial del tejido cinegético. Y es que, una retirada del plomo sin estudios concluyentes que garanticen la eficacia de la munición alternativa, la seguridad en el disparo y el bienestar animal amenaza con reducir drásticamente las capturas y, en consecuencia, el suministro de un recurso gastronómico, saludable y sostenible clave para el medio rural.

Tal y como informa la RFEC, basándose en un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF), si esta prohibición se hiciera realidad, un 25% de los cazadores podría abandonar la actividad y un 30% reducir su práctica ante una prohibición generalizada del plomo en la munición. Desde ASICCAZA se recuerda que el sector de la carne de caza no solo genera empleo y fija población, sino que además cumple una función indispensable en el equilibro de los ecosistemas.

“La caza es la principal herramienta de gestión poblacional y sanitaria en nuestro país. Reducir la actividad por una normativa como esta multiplicaría los daños agrícolas y dispararía el riesgo de expansión de zoonosis graves como la Peste Porcina Africana (PPA) o la tuberculosis", destaca José María Gallardo; coincidiendo con las alertas científicas y sectoriales.
En España se capturan cada año en torno a 643.000 piezas de caza mayor, principalmente jabalí, ciervo, corzo y gamo, especies cuyo control resulta esencial en numerosas comarcas por su incidencia sobre los cultivos, la seguridad vial, el equilibrio de los ecosistemas y la sanidad animal. Una transición impuesta sin alternativas plenamente viables se traduciría en una mayor dificultad para gestionar estas sobrepoblaciones y una pérdida de eficacia en la extracción de animales del medio natural.

Desde ASICCAZA además se lamenta la falta de sensibilidad mostrada hasta ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por ignorar el peso socioeconómico del sector y las aportaciones de los expertos técnicos.

“Cualquier avance hacia la sostenibilidad de las municiones debe realizarse mediante un proceso de transición ordenado, progresivo y dialogado, en el que se escuche tanto a los cazadores como a la industria armera y a los comercializadores de carne de caza”, remarca el presidente de la Interprofesional.

Por ello, se apela a la responsabilidad del Gobierno central para que se oponga en Bruselas a la prohibición del plomo, manteniendo una postura que proteja el futuro de un sector estratégico para la España rural.